Este 8 de marzo, las mujeres continuamos respondiendo en las calles contra la imposición del PP y la conferencia episcopal, de devolvernos a la casa.
Un pueblo sin memoria histórica puede ser víctima de que se repita su pasado. Debemos recordar que tan solo en la II República, el aborto estuvo fuera del código penal, sin embargo desde el régimen franquista el derecho al aborto continua en el código penal, incluso con la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del PSOE, que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. Las y los comunistas vamos más allá, queremos la despenalización total del aborto, sin limitaciones ni condiciones.
El nacional-catolicismo persiste. De nuevo el PP ataca los derechos de las mujeres con la imposición de la ley de “la protección de los derechos del concebido y la mujer embarazada”, ley que nos retorna a la minoría de edad, a esa concepción patriarcal y franquista que considera que las mujeres somos seres incapaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas de forma libre y autónoma.
Todo ello responde al modelo de mujer que tiene la derecha más conservadora y rancia de nuestro país: una mujer que no es dueña de sí misma. Su cuerpo y su vida son de utilidad social, se debe a la procreación y debe estar al servicio del hombre.
Desde el PCE denunciamos al PP por pretender criminalizar y penalizar el derecho de las mujeres a la vida. Por un lado penalizando el derecho a la maternidad libremente elegida y por otro despenalizando la explotación sexual y la ablación eliminándolas del código penal. Agresiones que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y que perjudican especialmente a aquéllas en situaciones más vulnerables, mujeres jóvenes e inmigrantes.
Porque lo que está claro es que los abortos se seguirán practicando. Las ricas irán a abortar a países con legislaciones permisibles y las pobres lo harán en la clandestinidad, en condiciones poco seguras arriesgando su vida.
La libertad de las mujeres para decidir sobre sus vidas se verá permanentemente enjuiciada por el mismo gobierno que al mismo tiempo desahucia a seres humanos y protege a los bancos; a los que recortan ayudas a la dependencia para estimular la privatización de servicios públicos convirtiéndolos en inaccesibles para la población más vulnerable; a los que son cómplices del expolio de las arcas públicas por parte de sus cargos políticos para su único beneficio dejando sin nada a miles de seres humanos; a los que dejan fuera del sistema sanitario a inmigrantes y personas que se marchan de España como consecuencia de la crisis –los llamados exiliados y exiliadas económicas-, también seres humanos; a los que recortan las ayudas a libros, comedores y transporte escolar de menores.
Un gobierno del PP que se arrodilla ante los poderes de la Troika, que defiende el interés económico de unos pocos frente a la mayoría, que coarta la libertad de la mujer para decidir si quiere ser madre o no.
Frente a estos retrocesos reivindicamos el aborto como un derecho que debe salir del código penal, la educación sexual durante toda la vida, mayor acceso a los métodos anticonceptivos y mayor desarrollo de los servicios sociales. Es decir desde el PCE creemos que el aborto debe de ser un derecho y que hay que generar mecanismos que eviten los embarazos no deseados.
La organización y la lucha social son la alternativa. Con la desobediencia, podremos defender y conquistar nuestros derechos y libertades.
¡29 años después volvemos a encontrarnos en las calles!
¡29 años después la lucha por un derecho tan fundamental como es el aborto continúa!
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